La habilitación comercial, ese trámite que puede demorar semanas o resolverse en un clic según el municipio

Abrir un comercio en la Argentina puede ser una experiencia radicalmente distinta según la comuna en la que el emprendedor decida instalarse: en algunos municipios el trámite se completa en pocos días y con apenas tres pasos digitales, mientras que en otros el recorrido exige más de una decena de presentaciones presenciales, documentación que el propio municipio ya tiene en sus archivos y plazos que se estiran sin certeza de respuesta. La diferencia, como se advierte en el trabajo que acaba de difundir el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, no se explica por el tamaño de la ciudad ni por la complejidad de la actividad, sino por el diseño administrativo que cada gobierno local decidió implementar para acompañar a quien quiere poner un negocio en la calle.

El estudio, bautizado Índice FÁCIL Productivo 2026 y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, construyó un puntaje de 0 a 100 que combina la cantidad de pasos requeridos, la disponibilidad de plataformas digitales, la accesibilidad de la información, los medios de pago aceptados y los canales de asistencia al solicitante. Con esa metodología se relevaron los procedimientos de habilitación comercial en 30 municipios del país y se los ordenó en función de las condiciones administrativas que ofrecen a los emprendedores. El resultado es un ranking que expone, en términos concretos, la distancia entre la mejor y la peor experiencia de emprender formalmente en la Argentina.

Tres de Febrero lidera, Pilar cierra el ranking

El municipio de Tres de Febrero se ubica en lo más alto del Índice con 60,90 puntos, una performance que lo posiciona como la jurisdicción más amigable del país a la hora de habilitar un comercio. Lo escoltan la ciudad de Córdoba, con 59,03 puntos; la capital de Santa Fe, con 53,97; Luján, con 53,86, y Río Cuarto, con 52,70. Esas cinco jurisdicciones son las únicas que superan la barrera de los 50 puntos sobre 100, un techo que, según la lectura de los autores, marca un umbral razonable de eficiencia administrativa.

En el otro extremo de la tabla aparecen municipios del conurbano bonaerense y de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde el trámite se vuelve un camino sinuoso. Pilar cierra el ranking con 20,93 puntos, seguido por Avellaneda (25,86), Quilmes (28,01) y Lanús (28,04). La diferencia entre el primer y el último puesto supera los 40 puntos sobre un máximo teórico de 100, una brecha que el informe describe como estructural y que se reproduce, con matices, en la mayoría de los municipios del Área Metropolitana.

El intendente de Tres de Febrero, Rodrigo Aybar, atribuyó la performance del distrito a una decisión política deliberada: simplificar trámites, eliminar pasos burocráticos innecesarios y hacer accesible el inicio de un emprendimiento, según declaró al presentar los resultados del relevamiento. La administración municipal difundió, además, que en ciertos rubros la habilitación puede obtenerse de manera instantánea a través de la plataforma digital, sin necesidad de concurrir a una oficina pública.

Burocracia innecesaria, el problema que cruza a casi todas las ciudades

El estudio, además del ranking, identifica un conjunto de fallas administrativas que se repiten con llamativa regularidad en los municipios relevados. La más extendida es la exigencia de documentación que el propio Estado ya posee: en el 85% de los trámites evaluados se solicita al emprendedor un certificado, un comprobante o un formulario que el municipio podría obtener por sí mismo, a través de convenios de intercambio de datos con organismos provinciales o nacionales. Se trata, en la lectura de los autores, de un mecanismo que multiplica los pasos sin agregar controles sustantivos y que recarga sobre el privado una tarea que correspondería a la administración.

A esa dificultad se suma otra de peso: en el 70% de las ciudades se exige, en promedio, más de tres gestiones previas antes de poder completar la habilitación. Esas instancias, que van desde la inscripción en un registro hasta la obtención de habilitaciones sanitarias o de Bomberos, funcionan como filtros administrativos que encarecen el proceso y prolongan los plazos de manera considerable. Para un emprendedor que busca poner en marcha un local, la acumulación de pasos se traduce en semanas de espera, costos adicionales y, en muchos casos, el inicio de la actividad en la informalidad mientras se completa el expediente.

Digitalización, la variable que marca la diferencia entre los extremos

La disponibilidad de herramientas digitales aparece como el factor que mejor explica la distancia entre los municipios mejor y peor posicionados. Las jurisdicciones que encabezan el ranking, comenzando por Tres de Febrero, ofrecen plataformas de gestión online, guías de trámites accesibles, opciones de pago electrónico y canales de asistencia al solicitante, lo que permite reducir los tiempos y ordenar los pasos. En esos casos, el Índice FÁCIL Productivo detecta que ciertos rubros pueden obtener la habilitación de manera instantánea por internet, sin necesidad de desplazarse hasta una oficina pública.

En los municipios del otro extremo, en cambio, la digitalización es parcial o directamente inexistente. El trámite se inicia por una página web, pero requiere la presentación posterior de documentación en papel; los pagos se efectúan únicamente en dependencias municipales; y la información sobre requisitos llega a los emprendedores a través de cadenas de WhatsApp, publicaciones en redes sociales o consultas personales en ventanilla, sin una guía oficial unificada. La consecuencia es un proceso opaco, desigual y sujeto a la discrecionalidad del funcionario que toque.

Los autores del trabajo remarcan, no obstante, que la sola existencia de plataformas digitales no garantiza un trámite íntegramente remoto. Varios municipios combinan instancias online con pasos presenciales o con validaciones físicas que obligan al solicitante a recorrer edificios públicos, lo que erosiona buena parte de las ventajas que la digitalización promete. En esa zona intermedia se ubica buena parte de las 30 ciudades evaluadas, un grupo heterogéneo en el que conviven municipios con buenas herramientas tecnológicas y procedimientos administrativos que no terminan de complejidad de la habilitación. La conclusión de los investigadores apunta a una agenda de reformas de alcance local: la firma de convenios de interoperabilidad con organismos provinciales y nacionales para eliminar la exigencia de documentación cruzada, la reducción de pasos previos, la estandarización de formularios y la publicación de guías de trámites actualizadas y auditables. Iniciativas de ese tipo, sostienen, permitirían que un emprendedor con la misma idea y la misma voluntad de invertir encuentre condiciones similares para poner su negocio en marcha, sin que el código postal determine la viabilidad del proyecto.