Una terminal, dos orígenes y un mismo lavado: la ruta del dinero que une a Rosario con Cataluña

La movida empezó temprano, en los pasillos del puente Rosario-Victoria, donde esta mañana desfilaron pedidos de captura y oficios firmados por cinco fiscales federales. Lo que se ordenó fue detener a exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR), acusados de haber usado la concesionaria del puerto local como pantalla para blanquear dinero durante casi 16 años.

La causa tiene dos vertientes que, según la investigación, terminaron mezclándose dentro de la misma empresa. Por un lado, fondos ligados a la familia Pujol, originados en sobornos por obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña. Por el otro, ganancias del tráfico de cocaína en Rosario. Todo habría ingresado al puerto disfrazado de inversión societaria y habría salido al circuito legal como precio de venta de acciones.

El contador, la financiera y la cocaína

El eje de la acusación es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. No es la primera vez que queda en el ojo de un expediente narco. En 2023, un tribunal ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un traficante peruano. La financiera que administraba, en calle España al 889, fue una de las cuevas de cambio más grandes de Rosario. Un allanamiento de octubre de 2021 secuestró allí más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.

A ese pasado, la nueva imputación le agrega otro capítulo. Entre 2004 y 2005, a TPR entraron 1.850.000 euros una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Catalunya. Ese capital se inyectó a una sociedad local que financió el crecimiento de la concesionaria. La justicia española ya había declarado ilícito el patrimonio de la familia Pujol, en un fallo confirmado en 2021, por comisiones y coimas acumuladas durante décadas.

El mecanismo, paso por paso

• El dinero de origen ilícito entraba al puerto bajo la forma de inversión societaria.
• Entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo que entró como inversion salio como precio de venta.
• Parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado, que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final del esquema, los fiscales apuntan a al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, donde se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con la sola intención de cortar el rastro del dinero.

El embargo pedido por el Ministerio Público Fiscal ronda los 100 millones de dólares. Entre los imputados están el propio Shanahan y Pujol Ferrusola, además de otros exdirectivos y sociedades vinculadas a la operación del puerto.

El expediente deja varias preguntas abiertas. Una de las más llamativas es por qué un puerto de uso público funcionó durante años como engranaje de una maniobra de estas características sin que nadie, en los organismos de control, advirtiera lo que estaba pasando. La AFIP, la SIGEN y la propia administración portuaria no respondieron, hasta ahora, los pedidos de información sobre qué controles se hicieron sobre TPR en el período bajo sospecha.

La pregunta cae sola sobre el escritorio del actual interventor del puerto: ¿qué va a hacer ahora para que una terminal concesionada al Estado deje de quedar asociada al lavado de dinero y al narcotráfico?