Una banda que cruzaba fronteras con camionetas robadas, y otra promesa de investigación que el fiscal debe sostener
Nueve meses de pesquisa, catorce allanamientos en Córdoba y tres detenidos en Tucumán por una organización que llevaba vehículos de alta gama a Bolivia para canjearlos por droga. La lupa ahora pasa por la continuidad del trabajo del ECIF y de la Unidad de Robos y Hurtos.
Digámoslo claro: la noticia policial suena a película, pero detrás del operativo hay un dato que debería incomodar a cualquier vecino de la capital tucumana. Las camionetas se robaban a pocas cuadras del Hospital Padilla y de la plaza Belgrano, en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Es decir, no en una zona liberada ni en un barrio periférico, sino en el corazón de la ciudad, en horario nocturno y sin que nadie pudiera impedirlo. La pregunta incómoda es cuánto tiempo circuló esta logística antes de que la Justicia la detectara.
Una investigación de nueve meses y dos robos muy puntuales
La causa se sostiene sobre dos hechos concretos, ambos en marzo. El primero se registró el 20 de marzo, en la primera cuadra de Honduras; el segundo, el 29 de ese mes, en la intersección de Juan B. Alberdi y Lavalle. La pesquisa fue dirigida por la fiscal Alejandra Navarro, titular de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos III, y contó con el aporte del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que trabajó sobre imágenes y sobre interceptaciones telefónicas para reconstruir la cadena de tareas.
Ese trabajo permitió establecer que no se trataba de un grupo de improvisados, sino de una organización con roles definidos entre Córdoba y Tucumán. En Córdoba se concentraba la provisión de los dispositivos electrónicos con los que se sorteaban los sistemas de seguridad de los vehículos, principalmente camionetas Toyota Hilux y SW4. En Tucumán actuaban quienes concretaban los robos y organizaban la logística del traslado hacia la frontera norte.
Los procedimientos y el destino de las unidades
- Catorce allanamientos simultáneos en Córdoba, donde se secuestraron los dispositivos utilizados para abrir y encender las camionetas sin las llaves.
- Tres detenidos en San Miguel de Tucumán: dos hombres y una mujer que residían en los barrios El Salvador y Oeste III.
- Las camionetas eran cruzadas de manera ilegal a Bolivia, donde se vendían o se canjeaban por droga.
- En el marco de la pesquisa se detectaron adulteraciones de las numeraciones de chasis y motor de otros vehículos, que luego se ofrecían en el mercado con papeles falsificados.
Los tres sospechosos serán imputados por asociación ilícita y por los dos robos investigados en la capital tucumana. La carátula no incluye, hasta ahora, los delitos vinculados a la adulteración de chasis y motores ni el intercambio por drogas en territorio boliviano, una parte de la maniobra que la causa seguramente deberá ampliar si se persigue el circuito completo y no solo los hechos locales.
“Recordemos que en otras oportunidades se anunciaron golpes resonantes contra organizaciones similares, y al poco tiempo las investigaciones se diluyeron en apelaciones, incompetencias o falta de coordinación con otras provincias. La promesa, otra vez, es que esta vez será distinto.”Ernesto Calpanchay
Hay un detalle técnico que no debería pasar desapercibido: la banda necesitaba dispositivos electrónicos especializados para vulnerar la seguridad de camionetas de alta gama. Eso no se consigue en cualquier esquina ni se improvisa. Implica un proveedor, un proveedor del proveedor y, en algún punto, un mercado negro de insumos que la Justicia debería estar mapeando con la misma decisión con la que mapeó a esta organización.
Lo que debería hacer el intendente
Digámoslo claro: el intendente de San Miguel de Tucumán tiene que dejar de mirar estos operativos como un logro ajeno y empezar a gestionarlos como un problema propio. Mientras dos camionetas pudieron ser sustraídas a metros del Hospital Padilla sin que el sistema de videovigilancia municipal, la iluminación o el patrullaje detectaran nada, la responsabilidad política no termina en la frontera provincial. Es razonable exigirle al Ejecutivo local que informe qué cámaras funcionaban en esas cuadras, qué monitoreo se realizó sobre los pasos fronterizos informales y qué coordinación existe con la fiscalía de Navarro para evitar que el próximo golpe encuentre otra vez a la ciudad desprevenida. La investigación de la Justicia puede ser impecable; si la ciudad sigue siendo permeable, este tipo de bandas seguirá encontrando el hueco por donde entrar.
