Templo Filadelfia: una condena a 27 personas que tarde o temprano tenía que llegar

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que esta misma organización era apenas una denuncia aislada, una nota al pie en los expedientes de La Matanza y un comentario a media voz entre vecinos de San Justo. Cada tanto, algún funcionario aseguraba que se iba a investigar, que la justicia iba a avanzar, que el Estado no iba a mirar para otro lado. Digámoslo claro: durante décadas, mirar para otro lado fue la política más barata y más cara a la vez, porque el costo lo pagaron las víctimas.

El veredicto del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín puso números concretos a esa deuda. Los jueces condenaron a 27 personas y fijaron una reparación económica de 2.170.467.831,20 pesos para 27 víctimas de un esquema que funcionó, al menos, desde 1972 hasta el 1° de diciembre de 2020 bajo la fachada de un templo religioso. La pena más alta recayó sobre Eva Petrona Pereyra, considerada jefa u organizadora de la asociación ilícita y autora de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada.

Un entramado que combinaba explotación, aislamiento y castigo

En el debate quedó acreditado que la estructura sometía a personas en situación de vulnerabilidad mediante un sistema que combinaba trabajo explotado, aislamiento, vigilancia y sanciones. El fiscal general Alberto Gentili describió restricciones sobre los vínculos personales y la vida afectiva de las víctimas, un cuadro que los propios magistrados dieron por probado al momento de fijar las penas.

Las condenas más altas fueron las siguientes:

• Eva Petrona Pereyra: 24 años de prisión, como jefa u organizadora y coautora de reducción a la servidumbre y trata con fines de explotación laboral agravada.
• Rigoberto Ismael Mora Bogado: 21 años.
• Otros siete acusados: 18 años cada uno.
• Víctor Abraham Ayunta y Damaris Fernanda Sabich: condenados únicamente por asociación ilícita y absueltos por trata agravada y reducción a la servidumbre.
• Los 18 restantes: penas que acompañaron en lo esencial el requerimiento del fiscal Gentili.

Reparaciones, decomisos y prescripciones

Además de las reparaciones por 2.170 millones de pesos, el tribunal ordenó el decomiso de 46 inmuebles distribuidos en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro, 12 vehículos y el dinero secuestrado en pesos y moneda extranjera. También se dispuso la subasta de otros 15 automotores, una medida que había sido ordenada durante la instrucción de la causa.

En paralelo, el fallo declaró la prescripción de determinados hechos que perjudicaron a nueve personas y de una acusación por abuso sexual contra Pereyra, lo que abre un capítulo pendiente sobre los aspectos del acompañamiento a las víctimas en los tramos del proceso donde la Justicia ya no puede avanzar penalmente.

Lo que debería hacer el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, es algo que hasta ahora no hizo: ponerse al frente del acompañamiento institucional a las víctimas y sus familias, garantizarles acceso efectivo a los programas de reparación provincial y nacional, y abrir una mesa de seguimiento local para que los bienes decomisados y las reparaciones efectivamente se cobren. Una condena sin gestión municipal que se traduzca en asistencia concreta vuelve a ser, otra vez, una promesa.