Salud mental en alerta: las internaciones saltaron 42% en tres años y el sistema público no da abasto
Un relevamiento federal que reúne datos de 14 provincias advierte sobre un crecimiento sostenido de la demanda de atención. Las provincias piden más inversión, recursos humanos y coordinación nacional mientras el Senado debate la reforma de la Ley de Salud Mental.
Las consultas ambulatorias por problemas de salud mental crecieron 23% en el último año en Argentina, y las internaciones se incrementaron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses, según un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús con información aportada por las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias que concentran más del 70% de la población del país.
Las jurisdicciones que aportaron datos fueron Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, y también participaron del encuentro Entre Ríos y Río Negro, lo que le da al panorama una escala pocas veces vista para discutir políticas públicas en este campo.
Quiénes golpean más fuerte las puertas del sistema
El informe registra mayor demanda de atención de niñas, niños y adolescentes, y de personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas y pasaron al sistema público, un dato que retrata con crudeza el impacto que tuvo la crisis económica sobre los hogares más vulnerables, donde un problema de salud mental suele ser la primera consulta que se deja de pagar cuando el presupuesto no alcanza.
En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas en guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental, una cifra que da cuenta de cómo las guardias se transformaron, muchas veces sin la infraestructura adecuada, en la única puerta de entrada para pacientes que no encuentran respuesta en otros niveles del sistema.
Más camas, pero equipos al límite
Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales, y trece de las 14 provincias ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para el abordaje de consumos problemáticos, aunque las autoridades provinciales advirtió que esas capacidades están sobreexigidas frente a una demanda que no cesa, y que existen dificultades serias para completar equipos con disciplinas críticas.
Qué reclamaron las provincias
- Aumentar la inversión destinada a salud mental en todo el país.
- Ampliar la infraestructura y los recursos humanos, especialmente en disciplinas críticas que hoy no se logran cubrir.
- Garantizar el acceso a medicamentos para los tratamientos.
- Producir información epidemiológica nacional de calidad, hoy dispersa o directamente inexistente.
- Recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, deteriorada en los últimos años.
El informe fue presentado en el Senado mientras el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, y las autoridades provinciales plantearon que la propuesta elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos, un reclamo que vuelve a poner en el centro la vieja tensión entre derechos garantizados por ley y presupuestos que nunca alcanzan.
