Martins, el exagente de la Side que terminó procesado por lavar lo que nunca debió ganar

Como decía mi vieja cada vez que alguien se llenaba los bolsillos a costa de los demás: "al árbol que no da frutos, no lo podés adornar con billetes ajenos". Algo de eso, aunque en otra escala y con ramificaciones judiciales que llevan más de una década, parece querer sintetizar la resolución que acaba de dictar la jueza federal María Servini contra Raúl Martins, el exagente de la SIDE de 77 años que terminó procesado con prisión preventiva por lavado de activos y con un embargo sobre sus bienes que trepa, ni más ni menos, hasta los 300 millones de pesos.

De Cancún a Comodoro Py: el camino que recorrió el expediente

La historia que terminó en este procesamiento tiene un arranque que vale la pena recordar, porque no es un dato menor para entender por qué este caso lleva tantos años dando vueltas en los tribunales argentinos y por qué recién ahora, después de idas y vueltas, Martins terminó formalmente procesado. Todo comenzó el 6 de marzo de 2013, cuando al Ministerio de Seguridad llegó una comunicación anónima que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en un local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Esa denuncia encendió la mecha que, con el correr del tiempo, terminó involucrando a Martins, a sociedades que él administraba o decía administrar, a familiares que aparecían en los papeles, a propiedades que se compraban con nombres que parecían diablillos y a un entramado que la Justicia considera que estaba hecho, precisamente, para lavar dinero.

Lo que Servini resolvió esta vez es que hay elementos suficientes como para dictar el procesamiento con prisión preventiva por lavado de activos. En criollo: el expediente pasó de etapa, ya no es un simple llamado a indagatoria, y Martins quedó formalmente acusado de haber participado en operaciones pensadas para meter en el circuito económico legal plata que, según sostienen los investigadores, provino de la explotación sexual de mujeres. La maniobra habría pasado por adquisiciones de propiedades, por el manejo de sociedades y por todo tipo de movimientos que la magistrada fue desmenuzando en su resolución y que, ahora, sostiene que no pueden explicarse sin la plata negra detrás.

El ida y vuelta con la defensa por las fechas de las maniobras

Ahora bien, como en todo expediente de este tipo, la historia tiene dos lados y la defensa de Martins no se quedó callada. Cuando le tocó declarar, el exagente de la SIDE decidió no responder preguntas, pero dejó por escrito su descargo, en el que básicamente pidió el sobreseimiento o, como segunda opción, la falta de mérito. El planteo central de su defensa pasaba por discutir las fechas de las operaciones que le atribuían. Según los abogados de Martins, las 26 operaciones sospechosas que se le endilgan, todas vinculadas con compras de propiedades y administración de sociedades, correspondían a 2009, 2010, 2011 y 2012, es decir, a un período anterior al que la Justicia ya había dado por probado como delito de explotación sexual, que la causa sitúa entre enero de 2013 y octubre de 2014.

• La defensa sostuvo que las 26 operaciones bajo sospecha son de 2009 a 2012, previas al período de explotación que la causa da por probado.
• Argumentó que ese antecedente firme se reduce al local de Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre.
• Señaló que las acusaciones sobre otros nueve locales fueron archivadas por inexistencia del delito de trata.

Además, Martins afirmó que el único antecedente firme en su contra se limitaba a ese local de Villa General Mitre y que las acusaciones referidas a otros nueve locales ya habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas. Sobre esa base, su estrategia procesal fue clara: si las operaciones sospechadas son todas anteriores al período del delito que ya quedó probado, entonces no se puede sostener que sean el producto del lavado de plata proveniente de esa explotación.

Por qué Servini igual avanzó con el procesamiento

Esa lógica, sin embargo, no le cerró a la jueza Servini, y la fundamentación que volcó en la resolución es bastante ilustrativa del razonamiento que vienen adoptando los tribunales en causas de lavado. Lo que explicó la magistrada es que una sociedad puede haber sido creada antes del período del delito, pero eso no significa nada si después esa misma sociedad se usa para administrar, mover u ocultar bienes que ya son de origen ilícito. Es decir, la fecha de constitución de las empresas no cierra por sí sola el debate. Lo que hay que mirar, dijo Servini, es el uso que se les dio, y en este expediente lo que aparecieron fueron sociedades argentinas y extranjeras entrelazadas, poderes de administración firmados a nombres que después se movían por las sombras, y la intervención sistemática de familiares de Martins que, para la jueza, no eran más que una pantalla para conservar el control efectivo de la estructura aun cuando él ya no figurara como beneficiario final en los papeles.

Por eso, evaluando todo ese rompecabezas en conjunto, la magistrada consideró que existían elementos suficientes como para dictar el procesamiento con prisión preventiva y para trabar un embargo sobre los bienes de Martins por 300 millones de pesos. Para el juzgado, no hace falta aparecer formalmente como dueño en un registro para conservar el control real de lo que se mueve: alcanza con haber organizado el esquema, con haber puesto a la familia en la primera línea y con haber tomado las decisiones importantes desde atrás.

El capítulo mexicano y lo que viene para Martins

El expediente tiene, además, una escena internacional que conviene repasar para entender la complejidad de todo esto. Martins, exintegrante de la SIDE, fue detenido en México en 2019 y desde allí, en un operativo que incluyó el traslado desde Cancún, terminó siendo extraditado a la Argentina. Fue ese regreso al país, después de años prófugo en el exterior, lo que permitió volver a encarrilar la causa y avanzar con las instancias que ahora se cristalizaron en este procesamiento. De modo que lo firmado por Servini no es solo una decisión técnica sobre lavado, sino también el cierre formal de un capítulo que llevaba demasiado tiempo esperando un poco de definiciones de fondo.

Yo, por la parte que me toca como ciudadana y como lectora curiosa de estas historias, confieso que cuando la ley termina dándole la razón a una investigación que lleva más de una década lo que queda es una sensación agridulce. Por un lado, pienso que es saludable que no haya figuras, por más vinculadas que hayan sido a los servicios de inteligencia en su momento, que queden por encima del derecho común. Por el otro, no puedo evitar acordarme de las tantas mujeres que, según lo que se investiga, fueron la materia prima de todo ese dinero que después se quiso blanquear. Mientras la Justicia avanza, esas historias siguen sin cerrarse del todo y, por ahora, este procesamiento es apenas un escalón más en una pelea que promete seguir dando titulares.