La promesa eterna de la seguridad en los countries vuelve a quedar desnuda en Beccar

Cualquier vecino del corredor norte de San Isidro podría fechar de memoria la última vez que un country o un barrio cerrado prometió, en campaña de ventas o en comunicado institucional, que allí la seguridad era "de otro nivel". Hace años, cuando todavía se vendían las parcelas con el argumento de las garitas, las cámaras y los rondines las veinticuatro horas, el relato era el mismo: muralla perimetral, lectores de patentes, personal armado y respuesta inmediata. Este domingo, en el barrio privado Ovejitas de Beccar, ese relato volvió a quedar por el piso.

Un abogado penalista de 47 años fue víctima de un asalto ocurrido en la madrugada, en su domicilio de la calle Guido al 2500. Lo que en el parte figura como un robo más en un country esconde un dato operativo grave: los delincuentes ingresaron por el fondo de la propiedad, redujeron al dueño, le apoyaron un arma en la cabeza y, al momento de retirarse, lo obligaron a manejar su propia camioneta Ford Kuga para atravesar el control de acceso del complejo. Recién lo liberaron a unas tres cuadras del ingreso.

El detalle que preocupa a la investigación

La fiscalía local tomó intervención luego de que se constatara la denuncia correspondiente. Las fuentes de la investigación son cuidadosas con las pistas que aparecen en la escena. En una de las paredes de la casa quedó una inscripción que replica una firma asociada a una banda que, según lo que pudo reconstruir la Justicia, ya fue desarticulada con sentencias firmes. Por ahora no hay elemento concreto que vincule a los autores del hecho con esa organización, ni con el nombre de un funcionario judicial que los propios asaltantes invocaron para justificar, según dijeron, el nivel de información que tenían sobre la víctima y sus hábitos.

Digámoslo claro: apelar a una pintada con la firma de una banda vieja y a un nombre de funcionario judicial suena más a manual de operaciones para ganar tiempo y sembrar confusión que a un dato real. La propia pesquisa deshecha esa hipótesis y la interpreta como un intento deliberado de los ladrones por generar impunidad, un patrón que, por cierto, ya se vio en otros expedientes de la zona norte del conurbano bonaerense.

• Mil dólares en efectivo que el abogado había dejado en su camioneta, estacionada dentro del barrio.
• Una consola de videojuegos y un teléfono celular.
• Transferencias bancarias por ochocientos mil pesos concretadas desde la cuenta de la víctima, todavía bajo análisis pericial.
• La utilización del propio damnificado como escudo humano y como piloto del vehículo para sortear el puesto de control del country.
• Una pintada que las fuentes judiciales desligan, por ahora, de una banda con causas previas en el distrito.

El capítulo económico no es menor. El abogado les dijo a los asaltantes que tenía dinero guardado en la mesa de luz; cuando fueron a buscarlo, no hallaron nada. La escalada de presión se sostuvo hasta que la propia víctima recordó los mil dólares en la Ford Kuga. Esa confesión bajo amenaza muestra hasta dónde llega la planificación cuando los ladrones ya están dentro del perímetro: conocimiento del rodado, del dinero y, sobre todo, certeza de que nadie los va a interceptar mientras avanzan por las calles internas del complejo.

“El barrio cerrado se financia cobrando expensas extraordinarias para mantener garitas, muros, lectores de patentes y rondines, y aun así un grupo armado entró por el fondo y salió usando al propio damnificado como cobertura. La pregunta que el intendente de San Isidro debería responder en el primer día hábil es bien concreta: cuántos controles perimetrales efectivos funcionan hoy en los countries del partido y cuántas horas de rondín real, no las que figuran en planilla, se cubren cada noche.”Ernesto Calpanchay, Política provincial y municipal

Lo que tiene que pasar antes del próximo domingo

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, debería convocar esta semana una mesa de trabajo con los administradores de los barrios cerrados del distrito, con el Concejo Deliberante y con la fiscalía a cargo de la pesquisa. El eje no puede ser otro que el control real: cámaras con reconocimiento de patentes sincronizadas con la base del Ministerio Público Fiscal, rondines motorizados auditables y un protocolo obligatorio de actuación ante ingresos nocturnos por los fondos de las parcelas. La próxima víctima, si no se actúa, llevará también apellido de profesional y ningún anónimo.