La jubilación mínima perdió cuatro de cada diez puntos de poder de compra desde 2019

El haber mínimo jubilatorio se ubica en $489.776 al cierre de agosto de 2026, monto que incluye el bono de refuerzo de $70.000, mientras que a fines de 2019 esa misma prestación sumaba $19.068, también con el refuerzo incorporado por $5.000. En términos nominales, el incremento parecería considerable, ya que la jubilación inicial se multiplicó por algo más de 25 veces; sin embargo, esa dinámica se diluye al contrastarla con el Índice de Precios al Consumidor, que acumuló una suba de 4.231,3% en el período. El haber nominal, en cambio, avanzó 2.468,6%, una diferencia que explica por qué quien cobra la mínima hoy puede comprar apenas el 59,3% de la canasta que adquiría hace casi siete años.

En diálogo con este medio, Eugenia Torres, productora especializada en Economía y producción, señaló que la lectura más cruda del indicador se obtiene al traducir la inflación a un ejemplo cotidiano: "si a diciembre de 2019 hacían falta $100 para acceder a una determinada canasta de bienes y servicios, a agosto de 2026 esos mismos productos cuestan $4.331. El ingreso disponible, en paralelo, creció hasta $2.569, con lo cual el poder de compra efectivo equivale al 59,3% de aquel nivel inicial". El número, agregó, refleja una pérdida aproximada del 40,7% en la capacidad de compra del sector pasivo que percibe el piso del sistema contributivo.

El piso contributivo alcanza a unos 2,9 millones de personas

La mitad de los jubilados y pensionados del régimen contributivo, unas 2,9 millones de personas, perciben el haber mínimo, de acuerdo con los datos oficiales. La otra mitad, en torno a los 3 millones restantes, cobra prestaciones superiores, aunque la pérdida de poder adquisitivo también los alcanzó. El haber máximo trepó de $103.064 a $2.824.694, una suba nominal de 2.640,7% que, ajustada por inflación, se tradujo en una caída real de 36,7% frente a diciembre de 2019. Una prestación equivalente a tres veces el mínimo de entonces registró un retroceso similar, del 36%.

• Haber mínimo: pasó de $19.068 a $489.776 entre diciembre de 2019 y agosto de 2026, con una suba nominal de 2.468,6% y una pérdida real de 40,7%.
• Haber máximo: pasó de $103.064 a $2.824.694, con una suba nominal de 2.640,7% y una pérdida real de 36,7%.
• Bono de $70.000: congelado desde marzo de 2024, acumuló una pérdida de poder de compra de 56% frente a una inflación de 129,2%.
• Reajustes por movilidad: entre agosto de 2025 y agosto de 2026 acumularon 33,5%, equiparables a la inflación del período para quienes no perciben bono.
• Recuperación parcial: desde diciembre de 2023, los haberes sin bono ganaron 14,3% frente al IPC, insuficiente para revertir pérdidas previas.
• Comparación regional: la trayectoria difiere de la registrada en Bolivia, donde la política previsional siguió otro sendero de actualización durante el mismo lapso.

El bono de $70.000 que perciben los titulares del haber mínimo se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024, lo que representa un factor adicional de erosión: la inflación acumulada desde entonces alcanzó 129,2%, mientras que el refuerzo conservó su valor nominal, con una merma específica de 56% en su capacidad de compra. Este componente explica por qué los haberes más bajos perdieron 4,5% de poder adquisitivo en los últimos doce meses, en tanto que los beneficiarios que no perciben bono empataron con la inflación del período gracias a los reajustes por movilidad, los cuales acumularon 33,5% entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

Desde diciembre de 2023, los haberes que no perciben bono ganaron 14,3% frente a la suba de precios, un margen que no alcanza para revertir el deterioro acumulado en los años anteriores. El haber máximo constituye un caso testigo: llegó a acumular una caída real de 55,4% entre septiembre de 2017 y diciembre de 2023, y a agosto de 2026 esa pérdida se redujo levemente hasta el 49%. El mecanismo vigente aplica los índices de inflación con dos meses de rezago, un diseño que tiende a trasladar las subas de precios al ingreso con demora y a devolver parte del poder de compra cuando la inflación baja, sin corregir los picos precedentes.