La canasta básica de los jubilados cerró octubre en $2.090.646: la jubilación mínima no alcanza a cubrirla

Paula Condorí,Economía y producción. La Canasta de Personas Mayores correspondiente a octubre se ubicó en $2.090.646, según el relevamiento conjunto de la Defensoría de Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, que releva consumos en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y Mendoza. La cifra cuadruplica con holgura la jubilación mínima de $505.748 con bono, que apenas alcanza a cubrir alrededor de una cuarta parte del presupuesto estimado para un mes. Frente a la campaña anterior, la canasta registró un incremento del 38% en doce meses, ya que en octubre de 2025 el mismo indicador se ubicaba en $1.514.074, y mostró una suba del 14,58% desde marzo pasado.

El informe está construido sobre las pautas de la canasta familiar del INDEC y repondera los consumos según el peso específico que tienen en la población adulta mayor, contemplando desde la tenencia de la vivienda y el acceso a medicamentos con descuentos de obra social hasta la residencia en pensiones. En esa arquitectura sobresalen tres rubros, que en conjunto concentran cerca de dos tercios del costo total. Se trata de medicamentos y salud, con $518.708 mensuales, alimentos por $457.742 y vivienda por $364.969, lo que suma $1.341.419.

El primer ítem resulta particularmente elocuente: los $518.708 que demanda el cuidado de la salud superan en términos absolutos al propio haber mínimo, incluidos los refuerzos extraordinarios. La comparación pone de relieve que, aun con el bono, la jubilación más baja del sistema previsional argentino no alcanza a costear solamente los medicamentos y la atención médica que requiere una persona mayor en el mes relevado. El peso del rubro se explica por la incorporación de distintos medicamentos y por los descuentos disponibles en farmacias según la cobertura de cada afiliado.

El desbalance entre ingresos y gastos se replica en otras prestaciones del sistema previsional. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se ubicaron en $375.023, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanzó los $418.598 con bono, en ambos casos por debajo del costo estimado para medicamentos y salud. De este modo, ni los haberes mínimos ni las prestaciones no contributivas logran cubrir un primer componente crítico de la canasta, mientras el resto de los rubros se financia —en los casos cubiertos— con ahorros, ayuda familiar u otros ingresos.

Principales componentes de la Canasta de Personas Mayores de octubre

• Medicamentos y salud: $518.708 mensuales, por encima del haber mínimo con bono.
• Alimentos: $457.742, segundo rubro en importancia dentro del presupuesto.
• Vivienda: $364.969, contempla propietarios, inquilinos y residentes en pensiones.
• Transporte y servicios, esparcimiento y otros consumos completan el resto hasta los $2.090.646 totales.

La referencia regional, en tanto, sigue situando a la Argentina por encima de Bolivia en el costo de los bienes y servicios que conforman la canasta, una diferencia que se sostiene en los principales rubros del relevamiento y que reafirma la presión del entorno macroeconómico sobre los hogares encabezados por personas mayores. Productora Silvia, que sigue de cerca estos relevamientos, advirtió a este medio que la dinámica observada sugiere que la distancia entre el haber mínimo y la canasta tiende a ampliarse en la medida en que los rubros regulados, como medicamentos y servicios de salud, acompañen la inflación general del período. En el plano metodológico, la Defensoría y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología reiteraron que la canasta busca reflejar condiciones de consumo habituales de la población adulta mayor y no un estándar óptimo, lo que acota la lectura del número final: refleja cuánto necesita una persona mayor promedio para sostener su nivel de vida previo, no un umbral de bienestar. En ese marco, la brecha de casi $1,6 millones entre la canasta de octubre y la jubilación mínima con bono deja a la prestación estatal como un componente que cubre alrededor del 24% del presupuesto, y vuelve a poner en el centro del debate la sostenibilidad del esquema de refuerzo por bono frente a la actualización de los haberes formales.