Jujuy: en 2027 se reanudará el debate oral por cinco hombres que nunca volvieron a aparecer

A principios de 2018, en este mismo portal conté la promesa de un barrio de Alto Comedero que iba a tener su destacamento policial propio. El destacamento nunca quedó terminado y la cuadra donde ocurrió lo que hoy vamos a reconstruir sigue siendo, según los expedientes judiciales, un aguantadero con pocos ojos encima. Esa es la calle donde, entre 2019 y 2025, cinco hombres ingresaron y nunca más salieron.

La causa que sacudió a la ciudad de Jujuy tiene fecha de discusión oral: el tribunal colegiado integrado por los jueces Felisa Barrios, Roberto Assef y Ana Carolina Pérez Rojas recibirá el expediente en febrero o marzo de 2027, casi un año y medio después de la detención de Matías José Alianzala, apodado Jurado, de 38 años, señalado como el principal acusado de cinco homicidios cometidos en su propia casa del barrio Alto Comedero, en las afueras de la capital provincial.

La acusación y las víctimas

La fiscal Daiana Susana Antar le imputará la autoría de la muerte de cinco hombres en situación de vulnerabilidad social: Jorge Omar Anachuri, de 68 años; Sergio Alejandro Sosa, de 25; Miguel Ángel Quispe, de 60; Juan José Ponce, de 51; y Juan Carlos González, de 60. Ninguno de los cuerpos fue encontrado pese a los rastrillajes en los que participó el Equipo Argentino de Antropología Forense, lo que convierte al expediente en una causa de imputados sin restos y, como se verá, sin testigos directos.

Las pruebas reunidas hasta el debate

• Una filmación donde se ve a Anachuri subiendo a un remís junto al acusado, horas antes de su desaparición el 26 de julio de 2025, registro que permitió ordenar el allanamiento del domicilio un día después.
• Cincuenta y seis indicios secuestrados en el domicilio, entre ellos armas blancas, restos óseos, una vaina servida y prendas de ropa, además de manchas parduscas reveladas con el reactivo Blue Star Forensic.
• Cuarenta y dos muestras enviadas al Laboratorio de Genética Forense del Noroeste Argentino, cuyo cotejo permitió vincular al menos un perfil genético con las víctimas denunciadas como desaparecidas.
• Prisión preventiva firme desde agosto de 2025 en el pabellón de máxima peligrosidad del Penal de Gorriti, donde cumple arresto bajo un régimen de control reforzado.

La estrategia de la defensa

La defensa oficial, a cargo de Roberto Savio y Juan Pablo Cametti, eligió un eje doble. Por un lado, insiste en que sin cadáver no hay forma de acreditar la materialidad del hecho. Por el otro, rescata un historial clínico que compromete la imputabilidad: en 2016, Jurado fue internado en un hospital psiquiátrico y medicado con clonazepam y risperidona; en 2019 se le ordenó un tratamiento que nunca realizó, y en enero de 2020 quedó registrado en su legajo que padecía un cuadro psicótico, careciendo de conciencia de la enfermedad. Esa historia clínica se complementa con una biografía signada por el paso por institutos de menores, cárceles y pobreza extrema.

“Digámoslo claro: que un detenido en un penal de máxima peligrosidad apenas supiera firmar su nombre al momento de la imputación no lo convierte automáticamente en inimputable, pero sí obliga a la Justicia a explicar con pericias modernas cómo piensa que pesa esa historia clínica sobre cinco muertes que nunca pudieron ser veladas.”Ernesto Calpanchay

Lo que debería hacer el intendente

El intendente de San Salvador de Jujuy, a quien la causa le cae como anillo al dedo por la jurisdicción, tiene por delante una tarea incómoda y a la vez ineludible. Primero, sentarse con el Ministerio Público de la Defensa y con la Secretaría de Salud Mental para garantizar que las pericias psiquiátricas que se producirán en 2027 sean independientes y solventes, porque el juicio se va a ganar o perder ahí tanto como en el laboratorio de genética. Segundo, transparentar qué hizo el municipio durante los seis meses previos a la primera desaparición en materia de control urbano, asistencia social y seguimiento de personas con padecimientos mentales severos que ya estaban en los registros oficiales. Tercero, reforzar el apoyo económico y psicológico a los familiares de Anachuri, Sosa, Quispe, Ponce y González, que llevan años buscando restos donde la Justicia, hasta ahora, solo encontró manchas. Porque un juicio oral en 2027 puede cerrar un expediente, pero no cierra una deuda que la ciudad tiene con cinco familias que siguen sin poder enterrar a sus muertos.