El mudazo más grande del sistema penitenciario federal arrancó en silencio y terminó en la Justicia

Eran pasadas las seis de la tarde del domingo cuando los primeros camiones del Servicio Penitenciario Federal comenzaron a salir por la puerta principal del penal de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, con un objetivo claro: completar, en varias jornadas, el traslado de los alrededor de 1.500 detenidos que aún quedaban allí hacia el flamante Complejo Penitenciario Federal VIII, levantado sobre un predio de 80 hectáreas en el partido bonaerense de Marcos Paz. La escena, según pudo reconstruir este portal, fue el inicio de uno de los movimientos de población carcelaria más importantes de los últimos años en la Argentina, ejecutado con un despliegue de cinco fuerzas federales bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Fuentes del operativo confirmaron que en la primera jornada se movilizaron 326 internos y que el lunes continuaron las salidas, siempre bajo la vigilancia de un Comando Unificado que se encarga de custodiar los corredores viales, los establecimientos penitenciarios y la protección del personal y de la población civil a lo largo de todo el recorrido. La mecánica es escalonada: los detenidos son llevados en colectivos del SPF, con apoyo de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, hasta el nuevo complejo, donde son recibidos por las autoridades del establecimiento.

Un penal que arrancó a construirse en 2018 y se reactivó hace apenas un año

El Complejo VIII no es un edificio improvisado. Su historia administrativa se remonta a 2018, cuando la Nación y la Ciudad de Buenos Aires firmaron el convenio original para construir una cárcel que reemplazara al viejo Devoto, cuya infraestructura quedó obsoleta para alojar internos de máxima seguridad. La obra, sin embargo, se paralizó en 2020 y recién volvió a tomar impulso en diciembre de 2024, lo que permitió su culminación y la firma del acta de recepción provisoria que habilitó formalmente el complejo.

Según la información oficial, el establecimiento tiene capacidad para 2.232 detenidos distribuidos en cuatro unidades de máxima seguridad, lo que deja un margen para alojar no solo a la población de Devoto sino también a internos de otras dependencias del Servicio Penitenciario Federal.

La Procuración Penitenciaria presentó un hábeas corpus

El operativo, sin embargo, no se hizo sin judicial. La Procuración Penitenciaria de la Nación consideró que el traslado fue intempestivo y denunció que la falta de información oficial dificultó su tarea de contención con las familias de los detenidos, que llegaron al penal sin saber con certeza a dónde habían sido derivados sus parientes.

“Hacer un balance en este momento resulta prematuro, ya que ni siquiera contamos con el listado oficial consolidado de las personas trasladadas.”Procuración Penitenciaria de la Nación

Ante esa situación, el organismo presentó un hábeas corpus y la Justicia convocó a una audiencia para analizar el procedimiento. Mientras tanto, representantes de la Procuración ingresaron al complejo de Marcos Paz para dialogar con las autoridades y, según relataron, verificaron, mediante llamadas de los propios detenidos a sus familiares, que no se habían registrado hechos de violencia durante los traslados.

La pelea de fondo: qué pasa con el Centro Universitario Devoto

Pero el punto más sensible del operativo no es logístico, sino académico. La Procuración Penitenciaria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que el aspecto más crítico es la continuidad educativa de los alumnos del Centro Universitario Devoto (CUD), una experiencia de cuarenta años de educación en contexto de encierro que funciona dentro del penal.

Para ambos organismos, trasladar a los estudiantes en medio del cuatrimestre pone en riesgo directo su continuidad académica y, con ella, el derecho a la educación de una población que, en muchos casos, encontró en la universidad una herramienta de reinserción y de construcción de futuro. El CELS cuestionó, además, que el operativo no garantizara previamente la continuidad de los estudios universitarios ni de los demás programas educativos que funcionan en Devoto, una demanda que había sido planteada en los últimos meses por docentes, alumnos y organizaciones de la sociedad civil.

Ahora, mientras el Comando Unificado termina de completar las últimas jornadas de traslados y la Justicia define el alcance del hábeas corpus, lo que queda en juego no es solamente dónde duermen esta noche los 1.500 internos del ex Devoto, sino qué va a pasar con las aulas, los talleres y los proyectos de vida que durante cuatro décadas se construyeron entre los muros del penal más emblemático de la ciudad de Buenos Aires.

Qué se sabe hasta ahora del operativo

• 1.500 detenidos deben ser trasladados desde el penal de Villa Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.
• En la primera jornada (domingo) se movilizaron 326 internos; el lunes continuó el operativo bajo la coordinación del Comando Unificado.
• Participan cinco fuerzas federales: Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
• El nuevo complejo tiene capacidad para 2.232 internos en cuatro unidades de máxima seguridad.
• La obra estuvo paralizada entre 2020 y diciembre de 2024, cuando fue reactivada por la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.
• La Procuración Penitenciaria presentó un hábeas corpus y la Justicia convocó a una audiencia por considerar el traslado intempestivo.
• El CELS y la Procuración advirtieron que no se garantizó la continuidad del Centro Universitario Devoto, con 40 años de educación en contexto de encierro.

Lo que la comunidad universitaria y los organismos de derechos humanos le pidieron al Ministerio de Seguridad y al Servicio Penitenciario Federal fue, en concreto, que se suspenda o se frene el traslado de los estudiantes hasta que se asegure la continuidad de las cursadas en Marcos Paz, y que se entregue de manera urgente un listado oficial consolidado con el nombre y el destino de cada uno de los internos, para terminar con la incertidumbre de las familias que todavía esperan un llamado desde el nuevo penal.