Córdoba, un laberinto de esperas: lo que tarda conseguir una terapia, una prótesis o el certificado de discapacidad

"Yo vengo peleando hace rato y cada vez que voy me dicen que vuelva más adelante". La frase la repite Carina, vecina de Saldán, mientras acomoda a su hijo en la silla del living. Como ella, decenas de familias que rodean a personas con discapacidad en la provincia de Córdoba están aprendiendo a traducir un trámite en meses y, muchas veces, en plata del propio bolsillo. La Defensoría del Pueblo provincial presentó el 5 de octubre de 2026 un informe que pone en blanco sobre negro esas demoras: turnos que se estiran, prestaciones que se cortan, prótesis que llegan tarde y familias que, mientras tanto, ponen el cuerpo y el salario.

El certificado, primer paso y primera espera

Para cualquier recorrido, el punto de partida suele ser el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El relevamiento describe que en la Ciudad de Córdoba funcionan juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de los cuales son pediátricos, y que en esos nosocomios las citas se entregan con esperas de dos a tres meses. A esa primera pausa se suman las dificultades para conseguir turnos con los especialistas que intervienen en la certificación, lo que en la práctica puede estirar todavía más los plazos antes de obtener el documento.

Terapias, prótesis y medicamentos: los tiempos que describe el informe

Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, sintetizó ante este portal la otra cara de la demora: entre cuatro y nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y entre nueve y catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación. Esos rangos corresponden a lo expuesto en el documento, elaborado con entrevistas y grupos focales, y por eso describen experiencias y casos relatados por las familias, y no una medición estadística de la totalidad de los trámites en la provincia.

Cuando la espera se paga en cuotas

El costo de esperar, dice el informe, lo absorben los hogares. Carina, la vecina de Saldán, contó que sostuvo la atención particular de su hijo durante alrededor de dos años y que hoy desembolsa entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, mientras espera respuestas del sistema público y de las obras sociales. A esos montos se suman gastos de transporte y, en varios casos, apoyos escolares que las familias costean para que las personas con discapacidad no queden a la deriva mientras la prestación llega. "Si dejás la terapia, perdés todo lo que avanzaste", resume Carina, y por eso muchas madres no la cortan, aunque tengan que elegir entre el alquiler y el profesional.

Mujeres que cargan el cuidado y recortan sus ingresos

El documento también señala que la sobrecarga de los cuidados recae sobre las mujeres. Madres que redujeron su jornada laboral, que dejaron trabajos o que directamente rearmaron su vida alrededor de los turnos son una de las imágenes más repetidas en los testimonios. El relevamiento describe cómo esa distribución impacta en los ingresos familiares y, en el mediano plazo, en la previsibilidad económica de los hogares, en particular en familias monoparentales o de bajos recursos.

Prestadores ahogados: aranceles atrasados y nafta por las nubes

La demora no golpea solo a quienes esperan: también alcanza a quienes prestan el servicio. El informe registra atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos de obras sociales y programas estatales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional acumularon un aumento promedio del 225%, frente a una inflación del 336%, según el documento. En paralelo, la nafta súper subió 559% y el valor reconocido por kilómetro, 231%, una diferencia que el relevamiento vincula con la dificultad de sostener los servicios, sobre todo en traslados y en la atención en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

El cuadro que dibuja el informe muestra a una comunidad que, como me dijo Carina antes de cortar la llamada, "aguanta como puede mientras el sistema se acomoda". Lo que la Defensoría del Pueblo de Córdoba le pidió al Ministerio de Salud provincial y a la Agencia Nacional de Discapacidad es que se revisen los plazos de entrega del CUD, se actualicen los aranceles del nomenclador y se acorten los tiempos de pago a los prestadores, para que la espera deje de ser la única terapia posible para las familias.