Carsa, la controlante de Musimundo, va a la quiebra con una deuda concursal de 63.500 millones de pesos

Con un pasivo concursal cercano a los 63.500 millones de pesos y veinte sucursales cerradas en el nordeste argentino, Carsa S.A., la sociedad que controla la cadena de electrodomésticos Musimundo, quedó formalmente declarada en quiebra el pasado 2 de septiembre por el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia, que resolvió revocar el concurso preventivo que la propia firma había obtenido en julio para intentar reorganizar su deuda. La decisión, adoptada en los términos del artículo 79, inciso 4°, de la Ley de Concursos y Quiebras, se fundó en la constatación de hechos reveladores del estado de cesación de pagos y dejó sin efecto la posibilidad de continuar con el proceso concursal.

El expediente, recaratulado como "CARSA S.A. s/ Quiebra", quedó bajo la intervención de la sindicatura del Estudio Contable Benítez, que tendrá a su cargo el proceso de verificación de los créditos y la liquidación del patrimonio societario. De acuerdo con el cronograma fijado por el tribunal, los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación hasta el 6 de noviembre de 2026, mientras que el informe individual fue previsto para el 30 de marzo de 2027 y el informe general para el 25 de junio del mismo año, en un calendario que se extiende por casi diez meses.

Una caída que se arrastraba desde antes del concurso

La situación patrimonial de la firma venía deteriorándose con claridad desde mucho antes de la apertura del concurso preventivo, según se desprende de los antecedentes reunidos en la causa. Musimundo había procedido al cierre de veinte sucursales distribuidas entre Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, en lo que la propia empresa describió como una racionalización de puntos duplicados en plazas donde la marca contaba con más de un local. Esos cierres, de acuerdo con voceros cercanos a la sociedad, dejaron más de cien puestos de trabajo directamente afectados en una región donde la cadena había construido buena parte de su presencia histórica.

En paralelo, la compañía había mantenido durante las semanas previas negociaciones avanzadas para desprenderse de 45 sucursales, que terminaron siendo adquiridas —o más bien intentadas— por los propietarios de On City, la cadena que opera los locales surgidos del recambio de marca de Electrónica Megatone. La operación, sin embargo, no prosperó y, pocos días antes del decreto de quiebra, el directorio aprobó un plan de reducción de estructura que la sindicatura tomó en consideración como un elemento más a la hora de evaluar la inviabilidad del salvataje concursal.

Deuda, acreedores y comparación con la crisis de 2018

La deuda concursal declarada por Carsa ascendía a 63.500 millones de pesos, una cifra que dimensiona la magnitud del colapso si se la compara con los aproximadamente 900 millones de pesos que la empresa había reconocido como pasivo en su concurso de acreedores de 2018. Es decir, en menos de una década, la deuda creció unas setenta veces en términos nominales, en un salto que reflejó tanto la expansión como el posterior deterioro del negocio. A fines de mayo de 2026, según la documentación acompañada en el expediente, los pasivos bancarios de la firma sumaban cerca de 3.060 millones de pesos, con el Banco Nación como principal acreedor individual, con una exposición cercana a los 1.549 millones de pesos.

El cuadro de situación según la sindicatura y la lectura técnica del expediente

Desde el punto de vista del proceso, la quiebra se inscribe en un escenario de imposibilidad manifiesta de cumplimiento del acuerdo preventivo, en la medida en que la firma no logró reordenar su flujo de fondos ni cerrar una venta de activos que permitiera atender a los acreedores quirografarios y privilegiados. La quiebra, como instituto, abre ahora la etapa liquidatoria: se designará o confirmará un martillero para la subasta de los activos que queden en el patrimonio social, se atenderá el orden de privilegios previsto en la ley y se distribuirán los fondos obtenidos entre los verificados, una vez descontados los honorarios y los gastos del proceso.

• Quiebra decretada el 2 de septiembre de 2026 por el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia, con revocación del concurso preventivo de julio.
• Deuda concursal declarada en 63.500 millones de pesos, muy por encima de los 900 millones reconocidos en el concurso de 2018.
• Pasivos bancarios de 3.060 millones de pesos a fines de mayo, con el Banco Nación como acreedor principal por 1.549 millones.
• Veinte sucursales cerradas en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, con más de cien puestos de trabajo afectados.
• Operación frustrada para vender 45 locales a los dueños de On City, la cadena surgida del recambio de marca de Electrónica Megatone.
• Plazo para verificar créditos: hasta el 6 de noviembre de 2026; informe individual el 30 de marzo de 2027 e informe general el 25 de junio de 2027.