A Cristian lo mataron cinco tiros por la espalda y el policía que disparó sigue libre hasta el juicio: la familia exige que se investigue a quién llamó esa madrugada

Lo cuenta Liliana, la mamá de Cristian, desde la casa de Virrey del Pino donde todavía vive, mientras acomoda la mesa como si en cualquier momento fuera a volver su hijo a sentarse a cenar después de una de esas corridas largas que se mandaba con la app de viajes, porque el sueldo de maestro técnico no le cerraba ni para pagar el alquiler ni para mantener a la nena de tres años que él adoraba por sobre todas las cosas, y entonces agarraba el auto de noche y se la bancaba con tal de llegar a fin de mes sin tener que pedirle nada a nadie, algo que ella repite cada vez que algún periodista le pregunta cómo era Cristian, y lo repite con la voz quebrada y esa mezcla de orgullo y bronca que se le nota en la cara cada vez que nombra a su hijo, al que todavía no puede dejar de nombrar en presente aunque ya pasaron meses desde aquella madrugada del 15 de marzo en la que le dieron cinco tiros por la espalda mientras manejaba por la autopista Presidente Perón con un pasajero al que había levantado en una parada de Didi y que resultó ser un policía bonaerense de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de Puente 12, vestido de civil, fuera de servicio, con la Bersa 9 milímetros en la cintura y, según la imputación firmada por el fiscal Adrián Arribas, con la decisión ya tomada de matarlo y robarle el Chevrolet Corsa para fugarse y seguir su jornada como si nada hubiera pasado, dejando a Cristian tirado en el asfalto, desangrándose, con diez orificios de bala en el cuerpo, después de haber alcanzado a decirle a la Policía Bonaerense que llegó al lugar que le habían robado el auto, esa última frase que alcanzó a pronunciar antes de morirse y que ahora es una de las pruebas centrales de la causa que el juez de Garantías N.º 5 de La Matanza, Gustavo Banco, mandó a juicio oral y público con la expectativa de una pena de prisión perpetua para Matías Alejandro Vizgarra Riveros, el muchacho de 23 años que esa noche se subió al auto de un laburante como si nada y le voló la vida de un disparo.

Quién era Cristian y por qué manejaba de madrugada

Cristian Eduardo Pereyra tenía 39 años, era docente en una escuela técnica del partido de La Matanza y padre de una nena de tres, y la verdad es que su historia es la de miles de trabajadores y trabajadoras de esta provincia que mes a mes ven cómo el salario no les alcanza para sostener la dignidad más elemental, que es poder pagar un techo y darle de comer a los hijos, y entonces salen a la calle a buscarse otra entrada como pueden, en este caso manejando para una plataforma de viajes durante la madrugada, la franja horaria más redituable pero también la más peligrosa, sobre todo en un conurbano donde un docente que se gana la vida con el auto puede terminar asesinado por un efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires que está fuera de servicio pero igual lleva el arma encima y la usa para matar y robar como si fuera un procedimiento de rutina.

Lo que pasó la madrugada del 15 de marzo

• Vizgarra pidió un viaje por la app Didi en la zona de Virrey del Pino y Pereyra lo pasó a buscar con su Chevrolet Corsa II.
• Durante el trayecto por la autopista Presidente Perón, en mano a Ezeiza, el policía le disparó cinco veces con su arma reglamentaria, una Bersa TPR9, y le robó el auto.
• Cristian alcanzó a avisarle a la policía que llegó al lugar que le habían robado el vehículo. Después murió. El cuerpo presentaba diez orificios de bala.
• Vizgarra escapó con el Corsa y siguió con su jornada. Horas más tarde fue detenido y le secuestraron el arma.
• El juez Gustavo Banco dictó la prisión preventiva y la fiscalía pidió la elevación a juicio por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por criminis causae, y por robo agravado por uso de arma de fuego, con expectativa de prisión perpetua.

Lo que la familia pide antes del debate

Roberto Torres, el abogado de la familia Pereyra, me dijo que ellos están convencidos de que la investigación quedó a mitad de camino y de que hay personas que saben mucho más de lo que dijeron hasta ahora, y por eso presentaron un pedido formal de instrucción suplementaria para que, antes de que arranque el juicio oral, la Justicia le ordene a la compañía telefónica de Vizgarra que identifique a todos los usuarios de los números a los que el policía llamó reiteradamente en las horas posteriores al crimen y los convoque como testigos, algo que parece de manual pero que en la práctica puede cambiar el rumbo de la causa, porque uno de los efectivos que cumplía adicionales en Hospital Simplemente Evita de González Catán declaró que Vizgarra, después de matar a Cristian, le mandó un mensaje preguntando si había ingresado un herido de bala a la guardia, o sea, estaba tanteando si la noticia de su propio crimen ya había llegado a algún centro de salud, y ese mensaje no aparece en el celular del imputado, que en el peritaje figura como analizado en apenas una página, un detalle que a mí, como vecina de esta zona, me hace ruido y mucho, porque o el mensaje se borró adrede o alguien no quiso que viera la luz, y por eso la familia también pidió que se amplíe el peritaje sobre el teléfono de Vizgarra para tratar de recuperar conversaciones borradas de WhatsApp e Instagram, esas que a veces la Justicia da por perdidas pero que con un buen trabajo forense se pueden traer de vuelta y que podrían terminar de armar el rompecabezas de aquella madrugada.

Lo que la comunidad de Virrey del Pino y de todo La Matanza le está reclamando a la Justicia, y lo que yo como cronista habitual de este partido te traslado tal cual me lo hicieron llegar, es que se identifique a cada uno de los contactos que Vizgarra llamó esa noche, que se incorporen como testigos al expediente y que se digne investigar de verdad qué hizo ese policía entre el momento en que le disparó a Cristian y el momento en que lo detuvieron, porque acá no se mató a un marginal ni se mató a alguien en un enfrentamiento, se mató a un laburante, se mató a un docente, se mató a un padre, y se lo hizo con un arma provista por el propio Estado bonaerense, que es el mismo Estado que ahora tiene que dar una respuesta a la altura de lo que pasó y no puede conformarse con un juicio exprés que deje afuera a quienes sabe que algo vieron o algo escucharon esa madrugada en el teléfono del asesino.